Consumidores en Acción reclama la regulación de las plataformas que sirven de intermediarias en el alquiler de pisos turísticos para lograr una mayor protección de los derechos de los consumidores. Miguel Ángel Serrano, directivo de la asociación, ha comparecido este martes en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ante el grupo de trabajo sobre alquiler turístico para dar a conocer las propuestas de la organización en este ámbito.

FACUA, en primer lugar, considera imprescindible que se regule esta figura para definir las responsabilidades que deben asumir las plataformas de intermediación, para que respondan frente al usuario ante cualquier falta de conformidad en la prestación del servicio que se contrató a través de estas empresas.

“Resulta necesario que legalmente se exija una responsabilidad solidaria a todos los agentes que intervienen en la contratación del arrendamiento con el consumidor“, ha asegurado Serrano en su comparecencia.

FACUA advierte de que la actual desregulación facilita la existencia de situaciones fraudulentas y abusos, “ya que cualquiera puede abrir un perfil falso y anunciar una vivienda que no es suya sin permiso de los propietarios. La plataforma, por regla general, no comprueba la identidad de la persona tras el perfil“, ha afirmado Serrano.

La asociación cree necesario que estos intermediarios garanticen frente al consumidor el servicio ofertado y contratado, el precio y las características del inmueble y el cumplimiento de los requisitos para poder alquilarlos.

FACUA entiende que debe mediar un contrato con el arrendador con unos contenidos mínimos, entre los que deberían incluirse la identificación del intermediario, del propietario o explotador del inmueble, las características de la vivienda y sus servicios complementarios, su ubicación exacta, el precio completo desglosado, un contacto para comunicar urgencias o incidencias, las normas de la vivienda y la comunidad y las vías de reclamación, así como los derechos y obligaciones de las partes incluyendo compensación o devolución del dinero en caso de incumplimiento.

En este sentido se ha pronunciado la Comisión Europea, cuya comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vĕra Jourová, declaró en rueda de prensa, en relación a Airbnb, que “los consumidores deben poder comprender fácilmente por qué y cuánto han de pagar por los servicios contratados y contar con unas normas justas“. La Comisión entiende que esta plataforma vulnera distintas directivas sobre cláusulas abusivas y prácticas desleales al no informar adecuadamente a los usuarios de los precios y condiciones de los alquileres ni crear un equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes.

En la comparecencia en el grupo de trabajo, Serrano también ha incidido en la necesidad de equilibrar el alquiler turístico con el derecho a la vivienda que recoge la Constitución Española. “La burbuja del alquiler es una realidad en toda España, directamente relacionada con el aumento de viviendas destinadas a fines turísticos, lo que viene a suponer una reducción de la oferta para aquellos que optan al alquiler como acceso a una vivienda“, ha afirmado.

FACUA considera urgente que las autoridades públicas intervengan ante este fenómeno, creando una normativa que frene el uso especulativo de la vivienda para uso turístico, limitándolo, y garantizando una adecuada oferta inmobiliaria de alquiler. “Actualmente, se está produciendo la expulsión paulatina de los vecinos de las zonas céntricas de las ciudades, al no poder acceder a una vivienda en alquiler en determinadas lugares debido a su alto precio y la reducción de oferta de arrendamiento“, ha asegurado Serrano.

La asociación, por tanto, cree necesario establecer un modelo que busque elementos de equilibrio entre la convivencia ciudadana y un turismo responsable, lo que necesita la implicación de las administraciones locales y una normativa que acote las zonas saturadas turísticamente.